En una comparecencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara autonómica canaria, el representante del CERMI ha señalado a los grupos políticos que el tratado internacional, imperativo para el Estado español, proscribe cualquier discriminación o trato desfavorable por razón de discapacidad en el acceso y mantenimiento en el empleo, lo que se extiende también a las fuerzas de seguridad, como las policías autonómicas y locales. Por tanto, cualquier legislación autonómica en materia de policía debe atenerse a los principios, valores y mandatos de la Convención de la ONU de 2006, y establecer medidas respetuosas con los agentes que adquieren una discapacidad sobrevenida, a los que se les deberá proporcionar siempre un puesto adecuado a su situación, con los apoyos y ajustes razonables precisos, y nunca ser expulsados o apartados de la carrera profesional por motivos de discapacidad.   

 

El CERMI ha advertido al Parlamento canario que no incurra en los errores de otras Comunidades Autónomas, como la catalana, que mantienen una legislación discriminatoria para con los agentes en situación de discapacidad, que incluso está denunciada ante la ONU por violar compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos.   

 

Si la regulación canaria se adopta conforme a estos crietrios y en diálogo y acuerdo con los representantes de las asociaciones de policías con discapacidad, como AIL-POLD, y de las organizaciones sociales de este sector cívico, como el CERMI, la normativa será una oportunidad para retener el talento y no castigar injustamente por motivos de seguridad.